Noticias

Tatiana

Tatiana

El representante legal es la persona natural o jurídica que actúa en nombre de una sociedad, que por mandato legal y estatutario se encarga de celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social y aquellos que se relacionen directamente con la existencia y el buen funcionamiento de la sociedad.

La representación legal de las sociedades extranjeras

El artículo 472 numeral 5 de Código de Comercio dispone que toda sociedad extranjera que desarrolle negocios permanentes en el país, está obligada a designar un representante legal, el cual deberá ser nombrado mediante mandato de conformidad con lo establecido en el artículo 2156 del código civil colombiano.

De acuerdo a lo establecido en la ley, la persona que ostente la calidad de representante (mandatario) se entenderá facultada para realizar todos los actos contenidos en el objeto social de la empresa y adicionalmente gozara de capacidad para representar judicial y extra judicialmente a la sociedad.

El domicilio del representante legal

De acuerdo al artículo 58 del código general del proceso, las personas jurídicas de derecho privado extranjeras que desarrollen su objeto social en Colombia deben constituir apoderados con capacidad para representarlas judicialmente, para tal efecto, la protocolización del mandato debe realizarse en el lugar donde se pretenda desarrollar dichos negocios. Por ello, el domicilio del apoderado deberá corresponder a un municipio o distrito de Colombia.

Haciendo énfasis en lo anterior, vale mencionar por un lado que el acto por el cual se acuerda establecer negocios permanentes en Colombia requiere la mención del lugar escogido como domicilio, lo anterior de acuerdo al numeral 3 del artículo 472 del código de comercio, y, por otro lado, que la Ley procesal por regla rige en el territorio colombiano.

En resumen, toda sociedad extranjera que decida desarrollar negocios o parte de su objeto social en Colombia, deberá designar una persona residente en el país con capacidad de representación judicial y extrajudicial que tenga su domicilio en alguna ciudad del territorio Nacional.

El acuerdo de confidencialidad o NDA (por sus siglas en inglés) es un contrato en virtud del cual dos o más partes se obligan a guardar secreto y a no revelar a terceros información que el titular de la misma desea proteger. La existencia de acuerdos de este tipo, impide que la información que ha sido liberada a las personas o entidades pueda ser utilizada en su beneficio directamente o mediante terceros.

Los acuerdos de confidencialidad se aplican usualmente a contratistas, a personas con cargos de confianza y manejo, asesores jurídicos, asesores contables que por la naturaleza de su cargo tienen acceso a información sensible, como por ejemplo modelos de negocio, información financiera o tecnológica objeto de secreto industrial o de desarrollo de software.

Elementos que debe contener un acuerdo de confidencialidad

A la hora de celebrar un contrato de confidencialidad es fundamental establecer en el mismo, lo siguiente:

  • El objeto del contrato: Delimitar la información cuya divulgación se debe restringir.
  • La obligación de guardar secreto: La obligación principal del pacto de confidencialidad será la de no revelar la información.
  • Vigencia: Es importante establecer el término de vigencia, es decir, durante cuánto tiempo se debe mantener la información en reserva, por lo general, este plazo será durante la vigencia del contrato y por un lapso posterior en el tiempo.
  • Gestión de la información: Se deben establecer los mecanismos mediante los que se intercambia la información, y las garantías para evitar que la información trascienda fuera del ámbito del contrato.
  • Cláusulas penales: Cuáles serán las consecuencias para las partes en caso de que se infrinjan o incumplan las obligaciones acordadas.

Consecuencias por incumplir un acuerdo de confidencialidad

El incumplimiento del pacto de confidencialidad acarreará el inicio de cualquiera de las acciones legales establecidas en el contrato, por ejemplo: la ejecución de la cláusula penal, así como también la reclamación de daños y perjuicios por haberse incumplido la obligación de no revelar la información objeto del contrato.

Por mandato legal corresponde a las Cámaras de Comercio llevar el registro de los comerciantes y de los establecimientos de comercio de su domicilio, para lo cual se permite asignar un número de matrícula mercantil. El registro mercantil permite acreditar la calidad de comerciante, otorgando a su titular los efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros, pues dicha información se encuentra disponible no solo para efectos internos de la cámara, si no también, para los interesados en conocer los datos del comerciante inscrito.

Quienes están obligados a matricularse en el registro mercantil

Según los artículos 19 y 26 del Código de Comercio, es obligación de todas las personas que profesionalmente ejerzan actividades de comercio y sus auxiliares, matricularse en el registro mercantil, así como también inscribir en el mismo todos los libros, actos y documentos que la Ley exija respecto de esa formalidad.

La matrícula mercantil está sometida a renovación

La matrícula mercantil debe ser renovada anualmente dentro de los primeros 3 meses de cada año con el fin de actualizar los datos básicos, suministrados en los registros anteriores, de cada comerciante o establecimiento de comercio (Código de Comercio, artículo 33).

Sanciones

Según el Decreto 2153 de 1992, artículo 11, numeral 5, el comerciante que ejerza actividades mercantiles sin estar inscrito en el registro mercantil incurrirá en multa de hasta 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sanción que será impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, sin perjuicio de las demás sanciones legales. La misma sanción se aplicará cuando se omita la inscripción o matrícula de un establecimiento de comercio.

La revisoría fiscal es el órgano de control y vigilancia de las empresas, el cual es ejercido por un contador público o una sociedad de contadores con la previa designación por la junta de socios o la asamblea general de accionistas de la compañía, según sea el caso.

Es función del órgano de revisoría fiscal dar fe pública a las autoridades de control y a la asamblea o junta general de socios o accionistas sobre el contenido, la veracidad y las buenas prácticas contables de los estados financieros, la contabilidad e información legal del ente económico.

Pese a que el revisor fiscal es de gran importancia en la estructura empresarial, no todas las empresas o sociedades están obligadas a incorporar dicho órgano.

Obligados a tener revisor fiscal según el código de comercio

El código de comercio en el artículo 203 señala cuales sociedades comerciales deben tener reviso fiscal:

  1. Las sociedades por acciones
  2. Las sucursales de compañías extranjeras, y
  3. Las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del veinte por ciento del capital.

Obligados a tener revisor fiscal según el monto de sus activos o ingresos

Además de lo dispuesto por el Código de Comercio, el artículo 13 de la Ley 43 de 1990 en su parágrafo segundo establece la obligatoriedad del revisor fiscal para todas las sociedades de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, en este caso 2015, sean iguales o superiores al equivalente a cinco mil salarios mínimos.

Activos brutos: 5.000 o más $3.221.750.000

o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean iguales o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos.

Ingresos brutos: 3.000 o más $1.933.050.000

La asamblea de accionistas es el órgano más representativo de una sociedad por acciones simplificada (en adelante simplemente SAS), es decir, es el órgano de máxima decisión, esta se conforma por todos los accionistas de la sociedad y su finalidad consiste en deliberar y decidir sobre los asuntos que legal y estatutaria se les haya confiado.

En ese orden de ideas, la asamblea de accionistas deberá reunirse de manera ordinaria, por lo menos una vez al año, en el domicilio principal de la sociedad o fuera de él (según los estatutos), en las fechas establecidas en los estatutos sociales y a falta de estipulación de esta, deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes al fin de ejercicio, o por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, de conformidad a lo establecido en el artículo 422 del Código de Comercio.

Convocatoria

Por otro lado, la Ley 1258 del 2008 impone la carga al representante legal de la SAS, a menos que dicha responsabilidad se imponga estatutariamente a otra persona, de citar o dar aviso a cada uno de los accionistas, de la fecha, hora y lugar determinado en que se llevará a cabo la reunión ordinaria de asamblea de accionistas. El mecanismo idóneo para surtir dicha citación es la comunicación escrita, es decir, se podrá hacer mediante correo electrónico, correo certificado o fax, siempre y cuando el medio sea efectivo y quede la prueba escrita; la notificación deberá realizarse con una antelación de 15 días hábiles a la fecha en que se realizara tal diligencia.

Orden del día

Para concluir, la reunión ordinaria de asamblea de accionistas se caracteriza tanto por su obligatoriedad y periodicidad, como por los temas específicos que en ella se tratan, a saber:

  1. Verificación del quorum,
  2. Elección de presidente y el secretario de la reunión
  3. Lectura al orden del día
  4. Presentación detallada de los estados financieros
  5. Informes de gestión
  6. Distribución de utilidades
  7. Proposiciones y varios.

Todo lo discutido en dicha reunión quedará plasmado en un acta que deberá ser leída y aprobada por los miembros de la asamblea.

Con la expedición del Decreto 1443 del 2014, el Gobierno Nacional ordenó la sustitución del Sistema de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante simplemente SG – SST). El objeto de dicho reglamento es definir las directrices de obligatorio cumplimiento para la implementación de un SG-SST, las cuales deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión.

Plazo Inicial

Para ello el ejecutivo definió inicialmente los plazos de implementación del mismo, a saber:

  • el 31 de enero de 2016 para empresas con menos de 10 trabajadores,
  • el 31 de Julio de 2016 para empresas entre 10 y 200 trabajadores y
  • el 31 de enero de 2017 para las de más de 201 trabajadores.

Nuevo Plazo

Sin embargo, debido a la tardía implementación de este sistema, mediante el Decreto 171 de 2016 del Ministerio del Trabajo resolvió ampliar el término para la puesta en marcha del SG- SST hasta el 31 de enero de 2017. Dicho término será de obligatorio cumplimiento para las empresas públicas y privadas, sin importar el número de trabajadores.

Sanciones

Por último, hay que tener en cuenta que las sanciones por no implementar el sistema ordenado por el Gobierno dentro del plazo establecido, corresponden a multas hasta de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o en caso de reincidencia de tales conductas o por incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, se podrá ordenar la suspensión de actividades hasta por un término de 120 días o el cierre definitivo de la empresa.

El derecho de inspección es una de las potestades políticas de los accionistas de una sociedad anónima, el cual consiste en la facultad de revisar determinados instrumentos de la sociedad. La inspección constituye un derecho de los accionistas y una obligación respecto de los administradores de la compañía, pues estos deben proveer los medios para que aquella se pueda ejercer libremente por el accionista o su apoderado.No obstante, hay que aclarar que el ejercicio del derecho de inspección no es absoluto y se encuentra regulado por el estatuto social, el código de comercio y la Ley.

Así las cosas, para el caso de la sociedad anónima este derecho está regulado en el artículo 379, 447 del Código de Comercio y por el artículo 48 de la Ley 222 de 1995, en las mencionadas normas se dispone que el accionista tendrá derecho de inspección, como una atribución que le confiere la titularidad de las acciones. Este recae sobre la libertad de examinar los libros y papeles sociales, los libros de accionistas, de actas de Asamblea general y los contratos firmados. Este examen deberá ser efectuado únicamente en las oficinas de la administración del domicilio principal de la sociedad.

Límites al derecho de inspección

De conformidad con lo estipulado en el artículo 447 del C Co, el derecho de inspección debe ejercerse dentro de los 15 días anteriores a la reunión de la asamblea general en la cual se aprueban los balances de fin de ejercicio.

Los accionistas no pueden exigir al administrador informes particulares, listados consolidados, o listados de accionistas con su coeficiente de participación. Por lo anterior queda al libre arbitrio del administrador el suministro de esta información.

Los accionistas no pueden acceder a información de carácter reservado de la sociedad y que en caso de ser divulgados puedan representar riesgo o detrimento para la misma, este límite se extiende también a los elementos o documento que constituyan secreto industrial. Así las cosas, el administrador podrá oponerse a exhibir dichos instrumentos al accionista.

Conflictos derechos de inspección

En caso de presentarse divergencias respecto del alcance, el tipo de información o la persona legitimada para ejercer el derecho de inspección, estas deberán ser resueltas por la entidad que ejerza inspección, vigilancia y control, para el caso de la sociedad anónima será la Superintendencia de Sociedades, quien es la responsable de determinar si hay lugar o no al suministro de información requerida, caso en el cual, impartirá una orden expresa, para que administrador la suministre y la entregue.

Sanciones

Finalmente, los administradores que impidan el ejercicio de este derecho incurrirán en la causal legal de remoción de su cargo. Del mismo modo será sancionado el revisor fiscal que conozca de la obstrucción al derecho y no lo denuncie, lo anterior sin perjuicio de la sanciones o multas que puede imponer la superintendencia por el desconocimiento de sus órdenes, de la Ley o de los estatutos.

La acción de tutela es un mecanismo mediante el cual se busca ejercer la protección de los derechos fundamentales, puede ser invocada por cualquier ciudadano conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, inclusive cuando se presenta una vía de hecho por el error judicial, es decir cuando se violan derechos fundamentales al momento de administrar justicia en un respectivo proceso.

Inicialmente, la acción de tutela contra una sentencia de tutela no resultaba admisible, por cuanto la finalidad de la norma es evitar la dilatación de los procedimientos con el ejercicio de una cadena de amparos fundamentales, pues con ello la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente dilatándose la recta administración de justicia. No obstante, existen casos específicos donde la acción de tutela procede de manera excepcional contra una sentencia de tutela.

Teniendo en cuenta lo anterior, para determinar si una acción de tutela procede contra una sentencia de tutela, es necesario tener en cuenta algunos factores, el más relevante es establecer si se dirige contra la sentencia de tutela o si se dirige contra una actuación posterior a la sentencia, en caso de atacar la sentencia directamente, deben tenerse en cuenta las reglas que para ello fijó el máximo Tribunal Constitucional.

Así las cosas, la Corte Constitucional en Sentencia SU 627 del 2015 unificó su jurisprudencia y estableció que no es viable interponer una acción de tutela cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela, no obstante, si la sentencia fue proferida por otro Juez o tribunal de la República la acción constitucional procederá de manera excepcional en las siguientes circunstancias:

  • I) Cuando exista fraude y por ende se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta. 
  • II) Cuando la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se esté en presencia del fenómeno de cosa juzgada.
  • III) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho.
  • IV) Que no existe otro mecanismo legal para resolver tal situación.

Por otro lado, si lo que se quiere es atacar una actuación proferida con posterioridad a la sentencia buscando exigir el cumplimiento de la misma, la regla es que la acción de tutela resulta improcedente, pues para ello existe el incidente de desacato.

Finalmente vemos que la acción de tutela contra sentencia de tutela procede de manera excepcional. En todo momento se debe tener en cuenta los criterios o condiciones que ha fijado la Corte Constitucional.

La cesantía es una prestación social que el empleador debe pagar al trabajador en virtud de la existencia y ejecución de un contrato de trabajo. Constituye uno de los mecanismos de protección a los trabajadores cesantes, en el sentido que es un beneficio monetario que tiene por finalidad sufragar los gastos personales y familiares del trabajador a partir de la terminación de la relación laboral.

El sistema de liquidación anual de cesantías creado por la Ley 50 de 1990, aplica a todos los trabajadores vinculados con contrato laboral a partir del 01 de enero de 1991, se caracteriza por:

El trabajador debe elegir el fondo en el cual desea que el empleador consigne sus cesantías

El ahorro estará en poder del empleador hasta por un año, debido a que este tiene la obligación de consignar el importe de la prestación social a más tardar el 15 de febrero de cada año.

El valor consignado corresponde a lo causado en el año inmediatamente anterior.

1.Pago total

En caso que el contrato de trabajo termine, el importe de las cesantías causadas en el último periodo deberá pagarse al trabajador al momento de la liquidación definitiva del contrato de trabajo. En el acto, el empleador deberá entregar al trabajador la comunicación con la cual el primero le informa al fundo que la relación laboral ha terminado con el fin de que este último haga entrega del total del ahorro de cesantía.

2.Pago Parcial o anticipado de cesantías

Además del ahorro anualizado de cesantías, el trabajador podrá hacer exigible directamente al fondo de cesantías seleccionado, el pago anticipado o parcial del beneficio monetario en los siguientes eventos:

Adquisición, construcción y mejoras de vivienda,

Pagos de educación propia, del cónyuge o hijos.

Liberación de gravámenes hipotecarios o pago de impuestos que afecten realmente la casa o el terreno edificable de propiedad del trabajador o de su cónyuge.

3.Sanción por mora en el pago de cesantías

En el evento que el empleador no realice la consignación o pago del auxilio de cesantías en el término establecido por la Ley, deberá asumir la sanción correspondiente a un día de salario por cada día de retardo en el pago, conforme a lo establecido en el artículo 99 numeral 3 de la Ley 50 de 1990.

4.Perdida del derecho

El empleador podrá abstenerse de pagar el auxilio de cesantía al trabajador cuando su contrato laboral termine por las siguientes razones:

Por actos delictuosos contra el empleador o sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad o el personal directivo

Por daño material grave causado a las instalaciones o herramientas de trabajo.

Revelación de secretos de carácter privado con perjuicio grave para la empresa.

5.Liquidación

Para liquidar el auxilio de la cesantía debe tomarse como base el último salario mensual, siempre y cuando este no haya sufrido variaciones en los tres últimos meses, si fuera el caso debe hacerse un promedio de los salarios devengados en el año o en el tiempo que hubiere laborado el trabajador si fuera menos de 1 año.

Fórmula: (Salario mensual de base X número de días trabajados) / 360

En el mercado encontramos miles de productos como alimentos, objetos de uso común y hasta servicios que contratamos con diferentes empresas con el objetivo de suplir nuestras necesidades, algunos de estos productos o servicios son reconocidos a la vista del consumidor debido a que son identificados con un signo distintivo. El empresario emplea una marca e invierte recursos para lograr el reconocimiento y diferenciación de sus productos o servicios.

El registro de una marca, otorga una protección especial al signo distintivo, en el sentido que se concede exclusividad sobre el mismo a su titular, de tal modo que nadie más podrá comercializar ningún tipo de producto o servicio con un signo igual o similar al registrado.

El concepto de marca hace referencia al signo distintivo que identifica un producto o un servicio en el mercado, esta debe cumplir con unos factores mínimos que son: I) La perceptibilidad, la marca debe tener la cualidad de expresarse y materializarse por sí misma con el objetivo de que sea reconocida y asimilada por los usuarios o consumidores; y II) La distintividad, capacidad para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros.

Para solicitar el registro de una marca es necesario:

  1. Elegir el signo distintivo que identificará al producto o servicio.
  2. Clasificar los productos o servicios que distinguirá la marca.
  3. Buscar los antecedentes marcarios con el fin de verificar que la marca no esté registrada o que se encuentre en trámite de registro.
  4. Diligenciar el formulario de registro de marca.
  5. Realizar el pago de la tasa ($956.000) establecida por la SIC para el registro de marcas.

En caso de que la solicitud no cumpla a cabalidad los requisitos establecidos por la SIC, esta enviará una comunicación al solicitante en la que se indican los puntos a subsanar, el solicitante tendrá dos meses a partir de dicha notificación, para corregir su solicitud, una vez completada se le asignará nueva fecha de presentación.

Ser titular de una marca registrada concede los siguientes derechos:

El uso exclusivo por el término de 10 años de la marca, renovables de manera indefinida

Permite diferenciar un producto o un servicio respecto de la competencia.

La conformación del principal activo intangible de una compañía.

El derecho a impedir que terceros comercialicen servicios o productos con marcas iguales o similares.

Solita el registro de tu marca. aquí.

 

Página 1 de 2

Bottom Logo

Somos una red de profesionales dedicada a la prestación de servicios empresariales.

Calle 93A # 13-24 Piso 5, Bogotá D.C., Colombia.

Suscríbete

¡No te preocupes, odiamos el spam! protegemos tu correo.